«Sin el respaldo estatal, la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires no habría alcanzado su actual desarrollo»

Manuela Parra, directora de Bodega Saldungaray, comparte su visión sobre el imprescindible papel del Estado en el desarrollo de la vitivinicultura bonaerense. Representante de un colectivo comprometido con el sector, Parra advierte sobre los riesgos de la carencia de políticas públicas de respaldo.

«Sin el respaldo estatal, la vitivinicultura en la provincia no habría alcanzado su actual desarrollo», destaca Parra, cuyo proyecto familiar inició su padre en los primeros años del 2000. A diferencia de la perspectiva de Javier Milei sobre la libertad total del mercado, Parra sostiene que las políticas públicas son fundamentales para orientar el crecimiento de la industria.

En colaboración con otros veinte viñedos, Parra lidera la formación de una asociación civil con la ambición de establecer una Cámara que represente eficazmente al sector vitivinícola en la provincia de Buenos Aires. Subraya que sin la presencia activa del Estado, el sector correría el riesgo de volver a la fragmentación inicial, donde cada productor actuaba de manera individual y aventurera.

La interacción armoniosa entre lo público y lo privado es clave, según Parra, dado el carácter incipiente de la industria vitivinícola bonaerense. Destaca la importancia de una normativa que regule la actividad y la inclusión de la temática en la agenda de políticas públicas provinciales para reconocer que el vino es un patrimonio que va más allá de las provincias cuyanas.

«La libre competencia, sin una intervención estatal, limitaría la posibilidad de desarrollar la vitivinicultura como una industria provincial», enfatiza Parra, refutando la idea de que la organización sectorial puede prescindir de la guía estatal. Aborda también la propuesta del presidente electo sobre la apertura indiscriminada de importaciones, argumentando que podría resultar en una competencia desigual que perjudicaría a los productores locales.

Parra destaca la necesidad de regulación estatal para la importación, subrayando la importancia de los controles del Instituto Nacional de Vitivinicultura Nacional (INV) en la certificación de la cantidad y calidad de la producción vitivinícola. Expresa su inquietud sobre la posible reducción de recursos para el laboratorio móvil del INV, esencial para supervisar las bodegas.

Además de los riesgos económicos, señala la conexión entre el éxito de la vitivinicultura y la promoción del turismo, especialmente el enoturismo. Expresa su preocupación ante la propuesta de Milei de reducir la ejecución y financiamiento de obras públicas, fundamentales para el mantenimiento y creación de infraestructuras necesarias para el turismo rural.

La historia vitivinícola bonaerense, marcada por la prohibición de producción en 1934, ha experimentado un resurgimiento desde fines de los años 90. Proyectos familiares como el de Parra han llevado a una producción significativa, alcanzando los 50 mil litros anuales. La reciente reglamentación de la Ley 15.404, impulsada por el senador Luis Vivona, marca un hito al establecer la marca «Vino Buenos Aires» y promover la actividad a través de incentivos y campañas de difusión.

El objetivo de esta iniciativa no es competir con las regiones tradicionales como Mendoza o San Juan, donde las bodegas producen millones de litros anuales. Parra enfatiza el deseo de fortalecer la identidad local y generar empleo en pequeños pueblos, donde la mayoría de los viñedos se encuentran. La falta de exportación directa y la limitada presencia en comercios locales se atribuyen al alto costo de flete y la demanda aún en desarrollo.

A pesar de los desafíos, Parra celebra el respaldo actual del Estado provincial en la organización de eventos y ferias para promover los productos de los bodegueros bonaerenses. Al mismo tiempo, destaca la necesidad de medidas adicionales, como acceso a financiamiento y asistencia en casos de eventos climáticos adversos, para consolidar y expandir la actividad vitivinícola en la región.