Cómo funcionó Aerolíneas Argentinas cuando fue privatizada en los ’90
El reciente anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas trajo a la memoria la amarga experiencia de los años 90, cuando la aerolínea de bandera fue vendida a Iberia en el marco de las políticas de reforma estatal impulsadas por Carlos Menem. Estas políticas, según el actual presidente Javier Milei, fueron las mejores que vivió el país en los últimos 40 años. Sin embargo, la historia demuestra que la privatización de Aerolíneas Argentinas dejó profundas cicatrices en el patrimonio nacional.
Fundada en 1949 por Juan Domingo Perón, Aerolíneas Argentinas había sido una empresa clave para la conectividad y el desarrollo del país. Para 1990, después de más de una década como sociedad del Estado, la empresa fue convertida en sociedad anónima para facilitar su venta. En un proceso plagado de irregularidades, el gobierno de Menem cedió el control a la aerolínea española Iberia, en lo que algunos analistas describieron como un «negocio redondo» para los compradores, pero un desastre para la Argentina.
El saqueo de una empresa estratégica
El Estado argentino, en lugar de vender una empresa saneada, se hizo cargo de su deuda, mientras Iberia pagaba 1.610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo. Para financiar la operación, los españoles contrajeron deudas que terminaron pasando a la propia Aerolíneas, lo que marcó el inicio de un desmantelamiento sistemático de sus activos.
Iberia vendió la flota de 28 aviones y los simuladores, cerró rutas comerciales vitales y desmanteló los talleres y oficinas de la aerolínea tanto en Argentina como en el extranjero. Así, Aerolíneas perdió la capacidad de mantener su propia flota y la infraestructura que la convertía en un actor competitivo en la aviación global.
Para mediados de los 90, la participación de Iberia en Aerolíneas se redujo al 30%, mientras que bancos españoles y estadounidenses comenzaron a controlar partes de la empresa. A pesar del aumento en el tráfico de pasajeros, la deuda y la crisis económica mundial llevaron a la convocatoria de acreedores en el año 2000.
La situación se deterioró tanto que en 2001 la aerolínea tuvo que suspender vuelos y atravesó una nueva convocatoria de acreedores. Fue entonces cuando apareció el Grupo Marsans, liderado por Antonio Mata, que compró la empresa en medio de una nueva crisis global tras los atentados del 11 de septiembre. Aerolíneas Argentinas cerró sus servicios internacionales y solo pudo seguir operando gracias a un salvataje de 50 millones de dólares aportados por Marsans.
El fin de una era: La estatización de 2008
Marsans, lejos de mejorar la situación, utilizó recursos de Aerolíneas para expandirse en el mercado internacional. Creó Aerolíneas del Sur en Chile y trató de replicar el modelo en Perú, pero el fracaso fue inevitable. En 2008, Aerolíneas del Sur quebró y Aerolíneas Argentinas se encontraba nuevamente en una crisis profunda, con un patrimonio neto negativo de 81 millones de pesos.
Un informe de la Auditoría General de la Nación reveló el desastre financiero de la empresa, lo que llevó al Gobierno argentino, en julio de 2008, a pedir la intervención judicial. Finalmente, el 17 de julio de ese año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la reestatización de Aerolíneas, enviando un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado por una amplia mayoría.
El proceso de estatización fue conflictivo. Marsans llevó al Estado argentino ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y en 2019 obtuvo una sentencia que ordenaba al país indemnizar a la empresa con 320 millones de dólares.
Ahora, el gobierno libertario de Javier Milei, defensor de las privatizaciones y del modelo económico de los ’90, parece dispuesto a repetir la historia. La posibilidad de una nueva privatización de Aerolíneas Argentinas no solo revuelve viejas heridas, sino que plantea interrogantes sobre el futuro de una empresa que, a pesar de sus altibajos, sigue siendo crucial para la conectividad y el desarrollo del país.
La pregunta que muchos se hacen es si esta vez se evitará el desguace y la destrucción de una de las empresas más emblemáticas de Argentina o si, por el contrario, estamos a las puertas de una nueva entrega del patrimonio nacional a manos privadas.
