Trabajo para inmigrantes es España
El gobierno español está trabajando en un plan para reformar la Ley de Extranjería y permitirles a los extranjeros trabajar legalmente en el país.
El objetivo de esta adaptación es que los casi quinientos mil extranjeros que viven en España puedan obtener mejores ingresos económicos con empleos que se encuentran vacantes. De todas formas, no se busca una regularización generalizada, la idea es que el gobierno alanice caso por caso.
Todavía no se sabe cómo hay que hacer para aplicar pero si se conoce algunos empleos más requeridos: el catálogo incluye teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de vehículo de reparto o representantes comerciales.
El nuevo plan supone una actualización de esta lista, la facilitación de los trámites para la contratación en países de origen, simplificación de requisitos para regularizar a quienes ya están en España y nuevas figuras.
A pesar de que las diferentes organizaciones que trabajan con inmigrantes valoran el plan del gobierno, piden que la reforma sea más ambiciosa. Ana María Corral, responsable de Migraciones en la Unión General de Trabajadores (UGT), solicita a su vez que se esclarezca por qué la falta de cobertura en ciertos empleos hizo que el gobierno pusiera manos a la obra y recurriera a un nuevo plan.
“Una migración regular y segura también implica garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras extranjeros desde el origen, asegurando la calidad de los empleos ofertados”, afirmó la sindicalista a EFE.
Otras de las demandas que cuestionan son la flexibilización de los requisitos para la reagrupación familiar de los inmigrantes, el fomento de visados para buscar empleo y la facilitación de la reincorporación al mercado laboral de solicitantes de protección internacional como el asilo.
Por otro lado, la Federación Andalucía Acoge, una de las entidades que hizo aportaciones al borrador, asegura que la reforma «no está siendo un proceso de diálogo fluido». «Es una reforma tímida que podría ir mucho más allá. Asumiendo que la obligatoriedad de permanecer tres años en España de manera irregular para poder acceder al permiso deja a las personas abocadas a la economía sumergida, la precariedad y la exclusión social», dijo la coordinadora del equipo jurídico de Andalucía Acoge.
