Entre Claros y Sombras: Las privatizaciones de Milei y la controvertida transferencia de Aerolíneas Argentinas.
El presidente Javier Milei ha desatado una tormenta política y económica con su reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que apunta a privatizar varias empresas estatales en Argentina. Este audaz movimiento no solo afecta a una variedad de entidades gubernamentales, sino que también busca acelerar el controvertido traspaso a manos privadas, esquivando procesos legales establecidos. La falta de responsabilidad y compromiso con la ley en este enfoque plantea la necesidad imperante de un profundo debate en el Congreso y en los Tribunales antes de su implementación.
Dentro de las medidas tomadas, Milei derogó el régimen de sociedades del Estado y cualquier normativa que obstaculice la privatización de las empresas públicas, según manifestó en su discurso. La transformación de estas entidades estatales en sociedades anónimas tiene como objetivo facilitar la venta de paquetes accionarios en manos del Estado a través del mercado de capitales, eliminando la rigidez de aprobar leyes de privatización para cada empresa pública.
La pregunta sobre la legalidad de privatizar empresas públicas en Argentina se ha vuelto central en este debate. Expertos legales y económicos han expresado sus preocupaciones, destacando que la volatilidad en la propiedad de estas empresas, al convertirlas en sociedades por acciones, las hace susceptibles a la adquisición por parte de fondos de inversión extranjeros, como BlackRock.
Por otro lado, con la completa desregulación de los mercados, las obliga a competir como una empresa privada más, desnaturalizando el rol que cumple una empresa pública en un sector considerado estratégico o de interés social.
La completa desregulación de los mercados, resultado de estas medidas, obligaría a estas empresas a competir en igualdad de condiciones con otras entidades privadas, lo que podría distorsionar su papel en sectores estratégicos o de interés social.
En los fundamentos del DNU, Milei argumenta la necesidad de modificar el estatus jurídico de las empresas públicas, convirtiéndolas en sociedades anónimas de acuerdo con la Ley General de Sociedades. Se destaca que este cambio mejoraría la transparencia y el gobierno corporativo, al tiempo que facilitaría la transferencia de acciones a los empleados, en caso de que se considere apropiado avanzar en esa dirección.
Una de las reformas más destacadas es la autorización para la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, se ha revelado que esta transferencia no preservaría la condición actual de la aerolínea como línea de bandera, sino que estaría sujeta a un nuevo contexto, incluida la «Implementación de la política de cielos abiertos». Este enfoque recuerda los intentos anteriores del gobierno de Macri de favorecer al capital privado en el sector aerocomercial, con resultados controvertidos y diversas interpretaciones de su éxito.
Adicionalmente, el decreto propone la desaparición de las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado y las Sociedades de Economía Mixta. También se modifica el capítulo del Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, con el objetivo de facilitar el traspaso de las acciones de las empresas actualmente estatales a sus empleados
Milei ha suscitado reacciones encontradas y sin duda desencadenará un intenso escrutinio y debate en los próximos días. La historia nos enseña que la privatización de empresas estatales puede ser un terreno minado, y la sociedad argentina observa atentamente cómo se desarrolla este capítulo en su economía y política.
